El día 21-05-2007, tal Unidad hace constar lo siguiente:
“… Diligencia constante de un (1) folio útil, mediante la cual deja constancia que persiste error en la foliatura del presente expediente.”
Aclaro:
Consta en la sentencia ya trascrita parcialmente del Amparo Constitucional del Tribunal de la Carrera Administrativa contra la Gobernación del Distrito Federal, lo siguiente:
“…, igualmente está constatado el alegato esgrimido en el recurso por el autor, de haber sido expuesto al escarnio público, de acuerdo con las publicaciones en la prensa nacional, en el Diario 2001, El Universal, El Mundo, de fecha 24 de diciembre de 1986, donde aparece su foto con el señalamiento de estar incurso en extorsión y estafa, en su carácter de Fiscal de Hacienda, además se publica la noticia en el periódico El Nacional y en La Nación de la misma fecha, elementos estos que son considerados por el Tribunal como prueba fehaciente del DAÑO OCASIONADO al accionante, vulnerándose la protección a su trabajo, a su estabilidad, porque SU IMAGEN ES DETERIORADA EN GRADO MÁXIMO….”
Este daño ocasionado, ALEGADO Y PROBADO EN AUTOS, prácticamente por las circunstancias, desaparece con la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuando señala:
“… No está en poder del Gobernador, ordenar tal reincorporación, por cuanto la Dirección de Liquidación, a la cual pertenecía el cargo del cual fue suspendido el accionante, ya no forma parte de la estructura organizativa a cargo de aquel. En consecuencia considera esta Corte que erró el Tribunal de la Carrera Administrativa al admitir que el presunto agraviante en este caso lo es el indicado por el actor, …”
Pues bien, vamos a lo actual: Al momento de hacer la foliatura por el personal de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, tales ejemplares de prensa, certificados por la Hemeroteca Nacional, presumo han sido doblados para que no se observe el daño ocasionado en los periódicos y folian solo uno por el respaldo con el Número 349 (al momento no tenía “letras”) Con esta supuesta estrategia, presumo que la futura sentencia no haría constar nada sobre: “…. prueba fehaciente del daño ocasionado al accionante, vulnerándose la protección a su trabajo, a su estabilidad, porque su imagen es deteriorada en grado máximo”, que mi madre (hipertensa reconocida) FALLECIÓ (ACV) al ver tales reseñas de prensa. Se formuló expresa reserva. Por ese tiempo ocurrió el asesinato (no accidente) de mi sobrino Larry Alberto Sánchez Porras, Sub-Inspector de PTJ, que estimo relación con cuestiones que había investigado sobre corrupción administrativa, y que el propio Fiscal del Ministerio Público (jubilado días después), que llevaba el caso, me indicó que temporalmente lo dejáramos quieto, “porque son muy peligrosos asesinos”. Una sábana de la cama donde mi sobrino dormía presentó perforación de balas y manchas de sangre, fue llevada a la PTJ de Parque Carabobo; cuando se pidió al Juez (le decían El Gato) que la solicitara, entonces se presentó un incendio en tal sede de la PTJ. Un día tal Juez desesperado habló por TV que lo estaban amenazando de muerte por un caso de corrupción administrativa; al poco tiempo murió supuestamente de un infarto.
Presumo que un “grupo” sustrajo información del Expediente que me elaboró la POLICIA METROPOLITANA en diciembre de 1986, cuando me destruyeron el ex-Gobernador Miguel Angel Contreras Laguado, como él mismo me lo indicó: “acatando órdenes del Presidente Lusinchi", el General (GN) Pacheco Melgarejo, el Coronel (GN) Carlos Eduardo Ruiz, etc., directivos de la misma para aquella época; años después un Coronel me indicó: “Se hicieron más archimillonarios con dineros supuestamente extraídos a PDVSA y constructora involucrada que se prestó para tu destrucción”. Presumo que gente de ese “grupo CETA” continúa enriqueciéndose con mi caso y negociando mis denuncias de fraudes mil millonarios contra el Estado venezolano.
HOY COMPRENDO PARTE DE LA “MÁXIMA PERVERSION DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, QUE ATENTA CONTRA EL PRESIDENTE Y LA EXISTENCIA DE LA PROPIA REPÚBLICA.
El objetivo de la perversión oculta es destruirme totalmente para tapar mis denuncias de fraudes a las petroleras, CANTV, Electricidad de Caracas, Luz Eléctrica de Venezuela, contratistas, Hipermercados, servicios públicos, etc. etc. etc. (a la enésima).
Con la nacionalización de empresas la corrupción administrativa se incrementa con los impuestos, sobre todo municipales. Con los fraudes se perjudica y causa daño a todo el pueblo venezolano, a quienes en parte se les transfiere, con cierta técnica contable, obligaciones tributarias sin ser sujetos de las mismas. Sobre todo las de servicios públicos, que además de sustraerle ilegítimamente dinero al Pueblo Soberano, rebajan del Impuesto sobre la Renta supuestos pagos de impuestos municipales que aparentemente cancelan con el impuesto transferido al usuario, que no es sujeto del mismo, y que por esa irregularidad el SENIAT no debe aceptar tales rebajas en la “Declaración de Impuesto sobre la Renta”. Ese descontrol produce fallas en el matemático “Ciclo Económico”, que los “técnicos” no encuentran explicación, y en parte, produce la constante “INFLACIÓN”; bajo ese parámetro se puede medir y cuantificar la CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA. En el pasado reciente un Diputado (Leonardo Palacios) era apoderado de grandes empresas de servicios públicos que practican tal técnica contable, entre otras posibilidades de evasión tributaria. Hacer el funcionario capaz requiere de considerable tiempo. NO EXISTE “INSPECCIÓN”. El monto del fraude: Todos los millardos que se puedan imaginar, “Per Sécula Seculorum”, si no se toman los correctivos. En la Contraloría General de la República y en la Contraloría General del Municipio Libertador del Distrito Capital reposan en paz todas aquellas denuncias. Recomiendo creación de la “Inspectoría General de la República” al mismo nivel que las anteriores, y ahora con rango constitucional, solo así, y con el difícil encontrar el personal idóneo, se podrá intentar parar la corrupción administrativa que constantemente amenaza la destrucción de la República Bolivariana de Venezuela. Del 1 al 10, todo lo anterior puede llegar con esfuerzo a 3 sobre CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.
Aproximadamente en diciembre de 2001, tenía más de 31 años de antigüedad como funcionario, en consecuencia solicité en varias oportunidades mi “jubilación”. La Administración recomendó la misma aplicando la respectiva Ordenanza. Pero la jubilación me fue retardada por funcionarios y allegados de aquel “grupo CETA” desaparecido de la POLICIA METROPOLITANA, pero colocados ahora en cargos claves de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital para causarme daño físico y moral a mi, y perjuicio con los impuestos a los Municipios y a la Nación venezolana que sufren las consecuencias, y que el Estado engañado les cubre sus “insuficiencias presupuestarias” con “FIDES”. Inclusive, allegados (Poli-Caracas) de aquel “grupo” policial (PM) fueron colocados como mis vecinos, presumo por la Dra. Nancy Carrillo de Guevara (la esposa de quién?), para cierta época jefa de los abogados de la SINDICATURA de la Alcaldía de Caracas, que actúan ante los Tribunales, entre los cuales está mi caso, que hoy “asesora” un grupo de abogados de tal Sindicatura, y que extrañamente participó en una Asamblea de Copropietarios del Edificio donde habito, para bloquear permanentemente mis derechos en el inmueble, y así la Administradora Doralbe, poder lesionar mis derechos y bienes del cual soy legítimo copropietario. Hoy esos presuntos delincuentes no permiten mi presencia en las Asambleas del Edificio donde resido desde hace más de 35 años, hasta allí ha llegado el daño infringido por ciudadanos en ejercicio de función pública. Tales Poli-Caracas (René y Manuél Villaverde) por un tiempo me hicieron la vida imposible, con amenaza constante de muerte, según consta en la Fiscalía General de la República y en “Personas desaparecidas” del “CICPC”. Una vez hechos multimillonarios, con apoyo del Alcalde de Caracas, como ellos me lo dijeron, se mudaron; pero uno de ellos (René Villaverde) está al lado del Director de Poli-Caracas. Bueno sería revisarles propiedad de bienes, fechas, y “declaraciones juradas” presentadas. Cuatro años después de mi solicitud de jubilación se aprobó la Ley del Estatuto de Jubilaciones. Eso me hace recordar, cómo modificaron una Ley de Sucesiones para cercenarme un derecho de remuneración que me correspondía, presumo, prueba de lo poderosos e infiltrados que son (hasta en la Asamblea Nacional). Hoy intentan que la “Ley de Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos” sea dejada sin efecto, porque su aplicación supuestamente no produce ingresos al Fisco; el engaño está en sacar impuestos de la “Renta” y pasar a “donación” donde se requiere experiencia para detectar la enorme evasión. En agosto de 2006 la Alcaldía me jubila aplicando la Ley del Estatuto de Jubilaciones; ejercí los respectivos recursos necesarios, que tampoco me fueron contestados, donde alegué incompetencia del Alcalde, pues cuando tramité mi solicitud me es aplicable la respectiva Ordenanza como así consta en resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos de tal Alcaldía, y en este caso la autoridad competente para acordarla es la Cámara Municipal, según lo establece el artículo 8 de la respectiva Ordenanza. Consta en el Expediente de la Corte Segunda la solicitud de nulidad de la Resolución de mi jubilación suscrita por el ciudadano Alcalde. Tengo entendido que la Ordenanza de Jubilaciones del Municipio Libertador del Distrito Capital fue dejada sin efecto por una solicitud de un funcionario precisamente de la “SUMAT”, desconozco los pormenores que no son extraños para mí.
Por otra parte, antes de jubilarme de la Alcaldía de Caracas, el Comisario Jefe de la Policía Metropolitana Edgar Barrientos (que también supongo del referido “grupo CETA”) fue colocado por poco tiempo como Superintendente de la “SUMAT”, donde yo estaba adscrito para el momento, presumo para agarrar “curriculum”. Aparentemente ha sido recomendado para ocupar cargo clave en la estructuración de la NUEVA POLICÍA NACIONAL, y presuntamente ya está infiltrado dentro del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (donde el día 22-10-2007 me enteré por noticia de TV que ahora supuestamente ocupa cargo de “Coordinador Nacional de Policía”). Es obvio que con ello mi futura integridad física no vale nada; pero también el señor Presidente de la República corre peligro, que está dentro del propio país. Son muchos los intereses que ellos tienen que proteger y asegurar con tanta corrupción administrativa, en continuidad y de ahora en adelante, “per sécula seculorum”.
PERMITIR COLOCAR E INFILTRAR CORRUPTOS PARA QUE OCUPEN CARGOS DIRECTIVOS EN LA NUEVA “POLICÍA NACIONAL” PUEDE SIGNIFICAR MUERTE Y DESTRUCCIÓN EN LA REPÚBLICA.
Al 23-10-2007 no ha ocurrido respuesta ni Sentencia. Reclamo JUSTICIA a la República Bolivariana de Venezuela. Además del cargo de “Auditor III”, sueldos caídos, intereses, e indexación, ahora la Administración Municipal debe liquidar mis “Prestaciones Sociales”, de acuerdo a tal cargo y mi sueldo suspendido del año 1986 con corrección monetaria a la respectiva y actual fecha; además hacer ajustes a la Resolución de “Jubilación” para el cargo de “Auditor III” y sueldo de 1986 con corrección monetaria, también a la respectiva fecha, y publicarlos en nueva Gaceta Municipal, todo ello tal como ha sido solicitado.
HAGO CONSTAR: 1) Estimo suscribir “Liquidación de Prestaciones Sociales” solo para mi legítimo cargo de “Auditor III” y sueldo ajustado. 2) Tengo familia y descendencia con legítimos derechos para reclamar, cuando sea oportuno, lo que por Ley me corresponde y se continúe generando hasta la definitiva cancelación.
He tomado algunas debidas previsiones, obligado por tanto daño y retardo de Justicia.
En reserva el ejercicio de acciones.
La REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en aplicación de JUSTICIA por los organismos competentes, debe resolver todo lo dicho en el presente escrito y establecer responsabilidades. Soy un ciudadano venezolano con plenos derechos.
SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, lo siguiente:
1) Un derecho de palabra.
2) Sus buenos oficios para la solución de mi situación laboral.
CON COPIA PARA: Miembros del Poder Ciudadano.
Caracas, 25 de octubre de 2007.
Atentamente
Lic. Néstor Rondón Duarte
Cédula No. V-1.579.243
“… Diligencia constante de un (1) folio útil, mediante la cual deja constancia que persiste error en la foliatura del presente expediente.”
Aclaro:
Consta en la sentencia ya trascrita parcialmente del Amparo Constitucional del Tribunal de la Carrera Administrativa contra la Gobernación del Distrito Federal, lo siguiente:
“…, igualmente está constatado el alegato esgrimido en el recurso por el autor, de haber sido expuesto al escarnio público, de acuerdo con las publicaciones en la prensa nacional, en el Diario 2001, El Universal, El Mundo, de fecha 24 de diciembre de 1986, donde aparece su foto con el señalamiento de estar incurso en extorsión y estafa, en su carácter de Fiscal de Hacienda, además se publica la noticia en el periódico El Nacional y en La Nación de la misma fecha, elementos estos que son considerados por el Tribunal como prueba fehaciente del DAÑO OCASIONADO al accionante, vulnerándose la protección a su trabajo, a su estabilidad, porque SU IMAGEN ES DETERIORADA EN GRADO MÁXIMO….”
Este daño ocasionado, ALEGADO Y PROBADO EN AUTOS, prácticamente por las circunstancias, desaparece con la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuando señala:
“… No está en poder del Gobernador, ordenar tal reincorporación, por cuanto la Dirección de Liquidación, a la cual pertenecía el cargo del cual fue suspendido el accionante, ya no forma parte de la estructura organizativa a cargo de aquel. En consecuencia considera esta Corte que erró el Tribunal de la Carrera Administrativa al admitir que el presunto agraviante en este caso lo es el indicado por el actor, …”
Pues bien, vamos a lo actual: Al momento de hacer la foliatura por el personal de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, tales ejemplares de prensa, certificados por la Hemeroteca Nacional, presumo han sido doblados para que no se observe el daño ocasionado en los periódicos y folian solo uno por el respaldo con el Número 349 (al momento no tenía “letras”) Con esta supuesta estrategia, presumo que la futura sentencia no haría constar nada sobre: “…. prueba fehaciente del daño ocasionado al accionante, vulnerándose la protección a su trabajo, a su estabilidad, porque su imagen es deteriorada en grado máximo”, que mi madre (hipertensa reconocida) FALLECIÓ (ACV) al ver tales reseñas de prensa. Se formuló expresa reserva. Por ese tiempo ocurrió el asesinato (no accidente) de mi sobrino Larry Alberto Sánchez Porras, Sub-Inspector de PTJ, que estimo relación con cuestiones que había investigado sobre corrupción administrativa, y que el propio Fiscal del Ministerio Público (jubilado días después), que llevaba el caso, me indicó que temporalmente lo dejáramos quieto, “porque son muy peligrosos asesinos”. Una sábana de la cama donde mi sobrino dormía presentó perforación de balas y manchas de sangre, fue llevada a la PTJ de Parque Carabobo; cuando se pidió al Juez (le decían El Gato) que la solicitara, entonces se presentó un incendio en tal sede de la PTJ. Un día tal Juez desesperado habló por TV que lo estaban amenazando de muerte por un caso de corrupción administrativa; al poco tiempo murió supuestamente de un infarto.
Presumo que un “grupo” sustrajo información del Expediente que me elaboró la POLICIA METROPOLITANA en diciembre de 1986, cuando me destruyeron el ex-Gobernador Miguel Angel Contreras Laguado, como él mismo me lo indicó: “acatando órdenes del Presidente Lusinchi", el General (GN) Pacheco Melgarejo, el Coronel (GN) Carlos Eduardo Ruiz, etc., directivos de la misma para aquella época; años después un Coronel me indicó: “Se hicieron más archimillonarios con dineros supuestamente extraídos a PDVSA y constructora involucrada que se prestó para tu destrucción”. Presumo que gente de ese “grupo CETA” continúa enriqueciéndose con mi caso y negociando mis denuncias de fraudes mil millonarios contra el Estado venezolano.
HOY COMPRENDO PARTE DE LA “MÁXIMA PERVERSION DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, QUE ATENTA CONTRA EL PRESIDENTE Y LA EXISTENCIA DE LA PROPIA REPÚBLICA.
El objetivo de la perversión oculta es destruirme totalmente para tapar mis denuncias de fraudes a las petroleras, CANTV, Electricidad de Caracas, Luz Eléctrica de Venezuela, contratistas, Hipermercados, servicios públicos, etc. etc. etc. (a la enésima).
Con la nacionalización de empresas la corrupción administrativa se incrementa con los impuestos, sobre todo municipales. Con los fraudes se perjudica y causa daño a todo el pueblo venezolano, a quienes en parte se les transfiere, con cierta técnica contable, obligaciones tributarias sin ser sujetos de las mismas. Sobre todo las de servicios públicos, que además de sustraerle ilegítimamente dinero al Pueblo Soberano, rebajan del Impuesto sobre la Renta supuestos pagos de impuestos municipales que aparentemente cancelan con el impuesto transferido al usuario, que no es sujeto del mismo, y que por esa irregularidad el SENIAT no debe aceptar tales rebajas en la “Declaración de Impuesto sobre la Renta”. Ese descontrol produce fallas en el matemático “Ciclo Económico”, que los “técnicos” no encuentran explicación, y en parte, produce la constante “INFLACIÓN”; bajo ese parámetro se puede medir y cuantificar la CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA. En el pasado reciente un Diputado (Leonardo Palacios) era apoderado de grandes empresas de servicios públicos que practican tal técnica contable, entre otras posibilidades de evasión tributaria. Hacer el funcionario capaz requiere de considerable tiempo. NO EXISTE “INSPECCIÓN”. El monto del fraude: Todos los millardos que se puedan imaginar, “Per Sécula Seculorum”, si no se toman los correctivos. En la Contraloría General de la República y en la Contraloría General del Municipio Libertador del Distrito Capital reposan en paz todas aquellas denuncias. Recomiendo creación de la “Inspectoría General de la República” al mismo nivel que las anteriores, y ahora con rango constitucional, solo así, y con el difícil encontrar el personal idóneo, se podrá intentar parar la corrupción administrativa que constantemente amenaza la destrucción de la República Bolivariana de Venezuela. Del 1 al 10, todo lo anterior puede llegar con esfuerzo a 3 sobre CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.
Aproximadamente en diciembre de 2001, tenía más de 31 años de antigüedad como funcionario, en consecuencia solicité en varias oportunidades mi “jubilación”. La Administración recomendó la misma aplicando la respectiva Ordenanza. Pero la jubilación me fue retardada por funcionarios y allegados de aquel “grupo CETA” desaparecido de la POLICIA METROPOLITANA, pero colocados ahora en cargos claves de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital para causarme daño físico y moral a mi, y perjuicio con los impuestos a los Municipios y a la Nación venezolana que sufren las consecuencias, y que el Estado engañado les cubre sus “insuficiencias presupuestarias” con “FIDES”. Inclusive, allegados (Poli-Caracas) de aquel “grupo” policial (PM) fueron colocados como mis vecinos, presumo por la Dra. Nancy Carrillo de Guevara (la esposa de quién?), para cierta época jefa de los abogados de la SINDICATURA de la Alcaldía de Caracas, que actúan ante los Tribunales, entre los cuales está mi caso, que hoy “asesora” un grupo de abogados de tal Sindicatura, y que extrañamente participó en una Asamblea de Copropietarios del Edificio donde habito, para bloquear permanentemente mis derechos en el inmueble, y así la Administradora Doralbe, poder lesionar mis derechos y bienes del cual soy legítimo copropietario. Hoy esos presuntos delincuentes no permiten mi presencia en las Asambleas del Edificio donde resido desde hace más de 35 años, hasta allí ha llegado el daño infringido por ciudadanos en ejercicio de función pública. Tales Poli-Caracas (René y Manuél Villaverde) por un tiempo me hicieron la vida imposible, con amenaza constante de muerte, según consta en la Fiscalía General de la República y en “Personas desaparecidas” del “CICPC”. Una vez hechos multimillonarios, con apoyo del Alcalde de Caracas, como ellos me lo dijeron, se mudaron; pero uno de ellos (René Villaverde) está al lado del Director de Poli-Caracas. Bueno sería revisarles propiedad de bienes, fechas, y “declaraciones juradas” presentadas. Cuatro años después de mi solicitud de jubilación se aprobó la Ley del Estatuto de Jubilaciones. Eso me hace recordar, cómo modificaron una Ley de Sucesiones para cercenarme un derecho de remuneración que me correspondía, presumo, prueba de lo poderosos e infiltrados que son (hasta en la Asamblea Nacional). Hoy intentan que la “Ley de Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos” sea dejada sin efecto, porque su aplicación supuestamente no produce ingresos al Fisco; el engaño está en sacar impuestos de la “Renta” y pasar a “donación” donde se requiere experiencia para detectar la enorme evasión. En agosto de 2006 la Alcaldía me jubila aplicando la Ley del Estatuto de Jubilaciones; ejercí los respectivos recursos necesarios, que tampoco me fueron contestados, donde alegué incompetencia del Alcalde, pues cuando tramité mi solicitud me es aplicable la respectiva Ordenanza como así consta en resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos de tal Alcaldía, y en este caso la autoridad competente para acordarla es la Cámara Municipal, según lo establece el artículo 8 de la respectiva Ordenanza. Consta en el Expediente de la Corte Segunda la solicitud de nulidad de la Resolución de mi jubilación suscrita por el ciudadano Alcalde. Tengo entendido que la Ordenanza de Jubilaciones del Municipio Libertador del Distrito Capital fue dejada sin efecto por una solicitud de un funcionario precisamente de la “SUMAT”, desconozco los pormenores que no son extraños para mí.
Por otra parte, antes de jubilarme de la Alcaldía de Caracas, el Comisario Jefe de la Policía Metropolitana Edgar Barrientos (que también supongo del referido “grupo CETA”) fue colocado por poco tiempo como Superintendente de la “SUMAT”, donde yo estaba adscrito para el momento, presumo para agarrar “curriculum”. Aparentemente ha sido recomendado para ocupar cargo clave en la estructuración de la NUEVA POLICÍA NACIONAL, y presuntamente ya está infiltrado dentro del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (donde el día 22-10-2007 me enteré por noticia de TV que ahora supuestamente ocupa cargo de “Coordinador Nacional de Policía”). Es obvio que con ello mi futura integridad física no vale nada; pero también el señor Presidente de la República corre peligro, que está dentro del propio país. Son muchos los intereses que ellos tienen que proteger y asegurar con tanta corrupción administrativa, en continuidad y de ahora en adelante, “per sécula seculorum”.
PERMITIR COLOCAR E INFILTRAR CORRUPTOS PARA QUE OCUPEN CARGOS DIRECTIVOS EN LA NUEVA “POLICÍA NACIONAL” PUEDE SIGNIFICAR MUERTE Y DESTRUCCIÓN EN LA REPÚBLICA.
Al 23-10-2007 no ha ocurrido respuesta ni Sentencia. Reclamo JUSTICIA a la República Bolivariana de Venezuela. Además del cargo de “Auditor III”, sueldos caídos, intereses, e indexación, ahora la Administración Municipal debe liquidar mis “Prestaciones Sociales”, de acuerdo a tal cargo y mi sueldo suspendido del año 1986 con corrección monetaria a la respectiva y actual fecha; además hacer ajustes a la Resolución de “Jubilación” para el cargo de “Auditor III” y sueldo de 1986 con corrección monetaria, también a la respectiva fecha, y publicarlos en nueva Gaceta Municipal, todo ello tal como ha sido solicitado.
HAGO CONSTAR: 1) Estimo suscribir “Liquidación de Prestaciones Sociales” solo para mi legítimo cargo de “Auditor III” y sueldo ajustado. 2) Tengo familia y descendencia con legítimos derechos para reclamar, cuando sea oportuno, lo que por Ley me corresponde y se continúe generando hasta la definitiva cancelación.
He tomado algunas debidas previsiones, obligado por tanto daño y retardo de Justicia.
En reserva el ejercicio de acciones.
La REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en aplicación de JUSTICIA por los organismos competentes, debe resolver todo lo dicho en el presente escrito y establecer responsabilidades. Soy un ciudadano venezolano con plenos derechos.
SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, lo siguiente:
1) Un derecho de palabra.
2) Sus buenos oficios para la solución de mi situación laboral.
CON COPIA PARA: Miembros del Poder Ciudadano.
Caracas, 25 de octubre de 2007.
Atentamente
Lic. Néstor Rondón Duarte
Cédula No. V-1.579.243
