Sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de fecha 12 de diciembre de 2001. Expediente Nº 002666.-
Consideraciones para decidir
“En el presente caso, el accionante interpuso por ante esta jurisdicción contenciosa administrativa recurso por abstención o carencia, contra el Municipio Libertador del Distrito Federal, alegando la falta de respuesta del recurso jerárquico que interpuso contra la Resolución Administrativa emitida por el Jefe de División de Recursos Humanos de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de fecha 08 de febrero de 1999, según Oficio DRH-S-103-99, y concluyó solicitando el pago de Mil Doscientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho bolívares (Bs. 1.277.888.448,oo), por concepto de pago de sueldos dejados de percibir más indexación y Un millón Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Siete bolívares (Bs. 1.064.907,oo), por concepto de intereses causados, más las costas del juicio.
Ahora bien, las apoderadas judiciales del Municipio Libertador, se opusieron aduciendo que el recurso de abstención o carencia, no es el procedente para obtener la decisión del recurso jerárquico, ya que la falta de decisión dentro del plazo establecido para ello, produce el acto denegatorio de su pretensión. De manera, que debió haberse ejercido el recurso contencioso administrativo de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto se observa:
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ha establecido que el sentido del artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyo origen y fundamento es la tutela del derecho de petición, no puede dañar los intereses del administrado a cuya protección se destina, en razón de lo cual, el silencio de la Administración no puede considerarse en contra del administrado, salvo, como señala la Ley “disposición expresa en contrario”, de allí que, ante el indicado silencio de la administración, vencido el término para que ésta se pronuncie, crea en el administrado una alternativa, o bien intenta el recurso inmediato siguiente, a sabiendas de que el mismo no va a ser interpuesto contra un acto expreso, sino contra un silencio, por lo cual podrá utilizar efectivamente los medios de impugnación contra el silencio negativo, es decir, estimándose confirmado el acto impugnado, o bien continúa esperando la respuesta de la Administración, situación ésta que podrá acarrearle mayores daños que interponer los recursos que correspondan contra el acto no dictado, pero que también le da expectativa de la solución de su problema.
Concluye la Corte estableciendo, que la no respuesta de la Administración a los recursos ejercidos, lesiona directamente una garantía constitucional, la relativa al derecho de petición, sin que pueda alegarse que el administrado podía seguir adelante con la interposición de los recursos subsiguientes; pues solo a él le corresponde la escogencia, por cuanto siendo una facultad libre, posee esta libertad de decisión. Es así que se afirma que el ciudadano, que no obtiene respuesta de la Administración y sufre por ello una lesión de un derecho constitucionalmente garantizado, en forma presente y directa, está protegido por la norma contenida en el artículo 27 de la vigente Constitución Bolivariana, esto es, por la VÍA DE AMPARO y puede ocurrir a ella, a fin de que se le restablezca en el goce del derecho lesionado.
En razón de cuanto ha quedado expuesto, y de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de nuestro máximo Tribunal, según la cual las causales de inadmisibilidad son taxativas y de orden público y su cumplimiento puede ser apreciado de oficio en cualquier tiempo, con independencia de lo que exprese el auto de admisión, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, REVOCA y deja sin efecto el auto de fecha 16 de septiembre de 1999, y demás actuaciones posteriores, y de conformidad con lo establecido en el ordinal 6º del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se declara inadmisible la acción de abstención o carencia interpuesta por los abogados en ejercicio de este domicilio …. , por la omisión de pronunciamiento por parte del Alcalde del referido Municipio, del recurso jerárquico ejercido por su representado contra la Resolución Administrativa emitida por el Jefe de División de Recursos Humanos de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de fecha 08 de febrero de 1999, según Oficio DRH-S-103-99.”
(OJO: oportunamente ya había solicitado “Amparo” por ante otro Tribunal, que fue declarado sin lugar y recomendaron esta vía ordinaria. Ahora éste para retardar dijo que era un "Amparo")
Para concluir:
Por cuanto solicito el cargo de “Auditor III” y los “Sueldos caídos” de ese cargo, desde el 10-12-1986 hasta que se me otorgue el mismo, suspendido en Bs. 2.292.387,05 mensual, más los intereses de mora y la indexación respectiva (que estimo no son materia de amparo), apelé el 17-04-2002 a esta decisión de tal Juzgado Superior Segundo de fecha 12-12-2001, alegando validez del “recurso de abstención y carencia”, la cual subió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Expediente Nº 27.524. Posteriormente se creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a donde fue asignado el Expediente bajo el Nº AP-42-R-2002-001126, ahora SOLO se espera la respectiva decisión. Tales derechos laborales me corresponden porque son derechos de rango constitucional, legal y contractual, irrenunciables e imprescriptibles, que deben ser reconocidos y cancelados antes que me otorguen el derecho de jubilación adquirido y la liquidación definitiva correcta de mis prestaciones sociales. El retardo me causa daño, pero también le causa daño a la Administración Tributaria a la cual estoy adscrito, y que he defendido a consta de mi honor, dignidad y tranquilidad, corroborado por mis denuncias de grandes fraudes y evasiones tributarias a los Municipios y a la Nación, por miles de millones de bolívares, fuera del expediente y solo a fines de conocimiento, por los cuales se me continúa destruyendo para que no se sepa nada. Aprovecho para señalar algunas, entre otras, de mis denuncias: A) CANTV el reparo dio más de Bs. 68 millardos; en prensa apareció que el Municipio solo recaudó Bs. 1.5 millardos. Tengo prueba certificada que pagaron Bs. 5.1 millardos; supongo que el Alcalde Freddy Bernal y los Superintendentes Richard Salas, Lysbeth Velandia Torres y un Comisario presumo se quedaron con más de Bs. 3.6 millardos. (Por una cantidad menor fue destituido Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República). Por favor ver documento sobre CANTV consignado en Despacho del Vicepresidente Dr. Jorge Rodríguez el día 05-02-2007, que lo tracribo al final de este escrito. B) A la Electricidad de Caracas le fue extinguida irregularmente una deuda liquidada de más de Bs. 20 millardos. C) A MAKRO La Yaguara se le rebajaron impuestos por más de Bs.17 millardos. D) Por “Desfase” en aplicación de nueva Ordenanza de Industria y Comercio fueron condonados irregularmente más de Bs. 40 millardos. Todo ello a la data. E) Servicios Públicos de competencia municipal, ejercidos sin concesión por particulares, los Municipios dejan de recaudar el derecho por la concesión y el impuesto por el ejercicio de la actividad económica, presumo con ello fraude práctico nacional y trasnacional; todo ello en Gobiernos anteriores, a cambio dejaron aumentada la recaudación incrementando irregularmente, entre otros, los impuestos a pequeños comerciantes, patente de vehículos y derecho de frente.
Algo que no debe pasar desapercibido es lo siguiente: Antes de hacerse una “Averiguación Penal”, debió hacerse una “Averiguación Administrativa”, como lo establece la ley. En el Municipio Libertador del hoy Distrito Capital hicieron al revés. Cuando consigné las “Decisiones Penales” para que me reincorporaran a mis labores, entonces con las mismas sentencias que suministré, la Administración Municipal me abrió una “Averiguación Administrativa” por los mismos hechos ya juzgados por los tribunales penales, quienes me liberaron de responsabilidad. No acataron tales decisiones. La Contraloría Municipal nunca me llamó a declarar sobre el caso. Cuando le solicité una “Relación de Cargos”, entonces apareció que tenía una “Averiguación abierta”. Unos meses después publican en la Gaceta Municipal Nº 2364 de fecha 23 de abril de 2003, indicando que la causa en mi contra estaba prescrita, lo cual puede dar a entender muchas cosas; es posible que me tengan reseñado hasta en “Poli-Caracas”. Presumo existencia oculta de un Expediente en mi contra, creado por poderosos corruptos, capaces de engañar a cualquiera, para defender sus intereses personales y transnacionales, en perjuicio de la Nación y los Municipios. (OJO): Cabe hacer constar que hoy día me encuentro OPERADO DEL CORAZÓN con tres (3) bypass. Agradezco pronta decisión antes que me otorguen mi derecho de jubilación y mis prestaciones sociales y se complique más mi situación laboral, porque van a tratar de negarme lo que por Ley me corresponde. Necesito descansar de tanta perversidad de la función pública y humana. (La gracia de DIOS-PADRE y la intervención médica me devolvieron la vida el 26-08-2003, noche en que el “Planeta Rojo”, Marte, estuvo más cerca de la Tierra.)
SOLICITO
Ratifico mi solicitud al Honorable Tribunal de ordenar mi “Reincorporación” a mi cargo de “Auditor III” y el pago de mis “Sueldos caídos”, suspendido en Bs. 2.292.387,05 mensual, desde el 10-12-1986 hasta, otorgamiento del cargo publicado en Gaceta Municipal, y la definitiva cancelación, más los intereses de mora y la corrección monetaria.
Repito, en este escrito he señalado algunas cuestiones al margen del expediente que han ocurrido por tiempo y circunstancias, solo para conocimiento y comprensión, que en nada debe modificar lo alegado y probado en autos. De ser necesario, aprovecho la oportunidad para solicitar una entrevista con la ciudadana Juez a los fines de cualquier aclaratoria.
En Caracas, a la fecha de presentación.
Nuevos agregados:
Del día 02-05-2007 tengo observaciones sobre el manejo de mi expediente Nº AP-42-R-2002-001126 en “Secretaría” de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, veamos:
Por auto de fecha 08-12-2006 la Corte Segunda señala, entre otras cuestiones:
“Se reasigna la ponencia al ciudadano Juez EMILIO RAMOS GONZALEZ, a quien se ordena pasar el expediente, a los fines de que dicte la decisión correspondiente.”
Luego la secretaria hace constar:
“En fecha de hoy 12 de Diciembre de 2006, se pasa el presente expediente al ciudadano Juez ponente Emilio Ramos González.”
PERO, resulta que tal expediente estuvo en “Secretaría” desde mediados de Diciembre de 2006 hasta mediados de Enero de 2007; luego lo devuelven al Archivo donde estuvo hasta la tercera semana de Febrero de 2007, cuando “Secretaría” lo vuelve a tener hasta finales de Abril de 2007, y que alguien del Archivo me dijo que “le estaban corrigiendo la foliatura y que todavía no se lo han pasado al ciudadano Juez ponente.”
El día 03-05-2007 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, hace constar lo siguiente:
“… Diligencia constante de un (1) folio útil, mediante la cual solicita a esta Corte subsane el error material en que incurrió en la foliatura e igualmente solicita se dicte sentencia en la presente causa y consigna anexos en veintidós (22) folios útiles.”
“En el presente caso, el accionante interpuso por ante esta jurisdicción contenciosa administrativa recurso por abstención o carencia, contra el Municipio Libertador del Distrito Federal, alegando la falta de respuesta del recurso jerárquico que interpuso contra la Resolución Administrativa emitida por el Jefe de División de Recursos Humanos de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de fecha 08 de febrero de 1999, según Oficio DRH-S-103-99, y concluyó solicitando el pago de Mil Doscientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho bolívares (Bs. 1.277.888.448,oo), por concepto de pago de sueldos dejados de percibir más indexación y Un millón Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Siete bolívares (Bs. 1.064.907,oo), por concepto de intereses causados, más las costas del juicio.
Ahora bien, las apoderadas judiciales del Municipio Libertador, se opusieron aduciendo que el recurso de abstención o carencia, no es el procedente para obtener la decisión del recurso jerárquico, ya que la falta de decisión dentro del plazo establecido para ello, produce el acto denegatorio de su pretensión. De manera, que debió haberse ejercido el recurso contencioso administrativo de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto se observa:
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ha establecido que el sentido del artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyo origen y fundamento es la tutela del derecho de petición, no puede dañar los intereses del administrado a cuya protección se destina, en razón de lo cual, el silencio de la Administración no puede considerarse en contra del administrado, salvo, como señala la Ley “disposición expresa en contrario”, de allí que, ante el indicado silencio de la administración, vencido el término para que ésta se pronuncie, crea en el administrado una alternativa, o bien intenta el recurso inmediato siguiente, a sabiendas de que el mismo no va a ser interpuesto contra un acto expreso, sino contra un silencio, por lo cual podrá utilizar efectivamente los medios de impugnación contra el silencio negativo, es decir, estimándose confirmado el acto impugnado, o bien continúa esperando la respuesta de la Administración, situación ésta que podrá acarrearle mayores daños que interponer los recursos que correspondan contra el acto no dictado, pero que también le da expectativa de la solución de su problema.
Concluye la Corte estableciendo, que la no respuesta de la Administración a los recursos ejercidos, lesiona directamente una garantía constitucional, la relativa al derecho de petición, sin que pueda alegarse que el administrado podía seguir adelante con la interposición de los recursos subsiguientes; pues solo a él le corresponde la escogencia, por cuanto siendo una facultad libre, posee esta libertad de decisión. Es así que se afirma que el ciudadano, que no obtiene respuesta de la Administración y sufre por ello una lesión de un derecho constitucionalmente garantizado, en forma presente y directa, está protegido por la norma contenida en el artículo 27 de la vigente Constitución Bolivariana, esto es, por la VÍA DE AMPARO y puede ocurrir a ella, a fin de que se le restablezca en el goce del derecho lesionado.
En razón de cuanto ha quedado expuesto, y de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de nuestro máximo Tribunal, según la cual las causales de inadmisibilidad son taxativas y de orden público y su cumplimiento puede ser apreciado de oficio en cualquier tiempo, con independencia de lo que exprese el auto de admisión, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, REVOCA y deja sin efecto el auto de fecha 16 de septiembre de 1999, y demás actuaciones posteriores, y de conformidad con lo establecido en el ordinal 6º del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se declara inadmisible la acción de abstención o carencia interpuesta por los abogados en ejercicio de este domicilio …. , por la omisión de pronunciamiento por parte del Alcalde del referido Municipio, del recurso jerárquico ejercido por su representado contra la Resolución Administrativa emitida por el Jefe de División de Recursos Humanos de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de fecha 08 de febrero de 1999, según Oficio DRH-S-103-99.”
(OJO: oportunamente ya había solicitado “Amparo” por ante otro Tribunal, que fue declarado sin lugar y recomendaron esta vía ordinaria. Ahora éste para retardar dijo que era un "Amparo")
Para concluir:
Por cuanto solicito el cargo de “Auditor III” y los “Sueldos caídos” de ese cargo, desde el 10-12-1986 hasta que se me otorgue el mismo, suspendido en Bs. 2.292.387,05 mensual, más los intereses de mora y la indexación respectiva (que estimo no son materia de amparo), apelé el 17-04-2002 a esta decisión de tal Juzgado Superior Segundo de fecha 12-12-2001, alegando validez del “recurso de abstención y carencia”, la cual subió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Expediente Nº 27.524. Posteriormente se creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a donde fue asignado el Expediente bajo el Nº AP-42-R-2002-001126, ahora SOLO se espera la respectiva decisión. Tales derechos laborales me corresponden porque son derechos de rango constitucional, legal y contractual, irrenunciables e imprescriptibles, que deben ser reconocidos y cancelados antes que me otorguen el derecho de jubilación adquirido y la liquidación definitiva correcta de mis prestaciones sociales. El retardo me causa daño, pero también le causa daño a la Administración Tributaria a la cual estoy adscrito, y que he defendido a consta de mi honor, dignidad y tranquilidad, corroborado por mis denuncias de grandes fraudes y evasiones tributarias a los Municipios y a la Nación, por miles de millones de bolívares, fuera del expediente y solo a fines de conocimiento, por los cuales se me continúa destruyendo para que no se sepa nada. Aprovecho para señalar algunas, entre otras, de mis denuncias: A) CANTV el reparo dio más de Bs. 68 millardos; en prensa apareció que el Municipio solo recaudó Bs. 1.5 millardos. Tengo prueba certificada que pagaron Bs. 5.1 millardos; supongo que el Alcalde Freddy Bernal y los Superintendentes Richard Salas, Lysbeth Velandia Torres y un Comisario presumo se quedaron con más de Bs. 3.6 millardos. (Por una cantidad menor fue destituido Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República). Por favor ver documento sobre CANTV consignado en Despacho del Vicepresidente Dr. Jorge Rodríguez el día 05-02-2007, que lo tracribo al final de este escrito. B) A la Electricidad de Caracas le fue extinguida irregularmente una deuda liquidada de más de Bs. 20 millardos. C) A MAKRO La Yaguara se le rebajaron impuestos por más de Bs.17 millardos. D) Por “Desfase” en aplicación de nueva Ordenanza de Industria y Comercio fueron condonados irregularmente más de Bs. 40 millardos. Todo ello a la data. E) Servicios Públicos de competencia municipal, ejercidos sin concesión por particulares, los Municipios dejan de recaudar el derecho por la concesión y el impuesto por el ejercicio de la actividad económica, presumo con ello fraude práctico nacional y trasnacional; todo ello en Gobiernos anteriores, a cambio dejaron aumentada la recaudación incrementando irregularmente, entre otros, los impuestos a pequeños comerciantes, patente de vehículos y derecho de frente.
Algo que no debe pasar desapercibido es lo siguiente: Antes de hacerse una “Averiguación Penal”, debió hacerse una “Averiguación Administrativa”, como lo establece la ley. En el Municipio Libertador del hoy Distrito Capital hicieron al revés. Cuando consigné las “Decisiones Penales” para que me reincorporaran a mis labores, entonces con las mismas sentencias que suministré, la Administración Municipal me abrió una “Averiguación Administrativa” por los mismos hechos ya juzgados por los tribunales penales, quienes me liberaron de responsabilidad. No acataron tales decisiones. La Contraloría Municipal nunca me llamó a declarar sobre el caso. Cuando le solicité una “Relación de Cargos”, entonces apareció que tenía una “Averiguación abierta”. Unos meses después publican en la Gaceta Municipal Nº 2364 de fecha 23 de abril de 2003, indicando que la causa en mi contra estaba prescrita, lo cual puede dar a entender muchas cosas; es posible que me tengan reseñado hasta en “Poli-Caracas”. Presumo existencia oculta de un Expediente en mi contra, creado por poderosos corruptos, capaces de engañar a cualquiera, para defender sus intereses personales y transnacionales, en perjuicio de la Nación y los Municipios. (OJO): Cabe hacer constar que hoy día me encuentro OPERADO DEL CORAZÓN con tres (3) bypass. Agradezco pronta decisión antes que me otorguen mi derecho de jubilación y mis prestaciones sociales y se complique más mi situación laboral, porque van a tratar de negarme lo que por Ley me corresponde. Necesito descansar de tanta perversidad de la función pública y humana. (La gracia de DIOS-PADRE y la intervención médica me devolvieron la vida el 26-08-2003, noche en que el “Planeta Rojo”, Marte, estuvo más cerca de la Tierra.)
SOLICITO
Ratifico mi solicitud al Honorable Tribunal de ordenar mi “Reincorporación” a mi cargo de “Auditor III” y el pago de mis “Sueldos caídos”, suspendido en Bs. 2.292.387,05 mensual, desde el 10-12-1986 hasta, otorgamiento del cargo publicado en Gaceta Municipal, y la definitiva cancelación, más los intereses de mora y la corrección monetaria.
Repito, en este escrito he señalado algunas cuestiones al margen del expediente que han ocurrido por tiempo y circunstancias, solo para conocimiento y comprensión, que en nada debe modificar lo alegado y probado en autos. De ser necesario, aprovecho la oportunidad para solicitar una entrevista con la ciudadana Juez a los fines de cualquier aclaratoria.
En Caracas, a la fecha de presentación.
Nuevos agregados:
Del día 02-05-2007 tengo observaciones sobre el manejo de mi expediente Nº AP-42-R-2002-001126 en “Secretaría” de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, veamos:
Por auto de fecha 08-12-2006 la Corte Segunda señala, entre otras cuestiones:
“Se reasigna la ponencia al ciudadano Juez EMILIO RAMOS GONZALEZ, a quien se ordena pasar el expediente, a los fines de que dicte la decisión correspondiente.”
Luego la secretaria hace constar:
“En fecha de hoy 12 de Diciembre de 2006, se pasa el presente expediente al ciudadano Juez ponente Emilio Ramos González.”
PERO, resulta que tal expediente estuvo en “Secretaría” desde mediados de Diciembre de 2006 hasta mediados de Enero de 2007; luego lo devuelven al Archivo donde estuvo hasta la tercera semana de Febrero de 2007, cuando “Secretaría” lo vuelve a tener hasta finales de Abril de 2007, y que alguien del Archivo me dijo que “le estaban corrigiendo la foliatura y que todavía no se lo han pasado al ciudadano Juez ponente.”
El día 03-05-2007 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, hace constar lo siguiente:
“… Diligencia constante de un (1) folio útil, mediante la cual solicita a esta Corte subsane el error material en que incurrió en la foliatura e igualmente solicita se dicte sentencia en la presente causa y consigna anexos en veintidós (22) folios útiles.”
