En diligencia de fecha 03-05-2007 le solicité a esa Corte, entre otras cosas, que “subsane el error material en que incurrió en la foliatura”. Igualmente en fecha 21-05-2007 se hizo constar: “Diligencia constante de un (1) folio útil, mediante la cual deja constancia que persiste error en la foliatura del presente expediente.”

Tales errores de foliatura en aquellos momentos fue porque faltan varios folios, del 150 al 157, ambos inclusive, el 371, y cuatro o cinco copias certificadas por Hemeroteca Nacional que fueron dobladas y todas ellas foliadas solo con el número 349. Presumo manipulación externa de mi Expediente para cercenar mis derechos. Ya lo hicieron cuando injustamente me destituyeron del desaparecido Ministerio de Hacienda, al estar mi persona en pleno derecho de no acatar una orden de traslado de un ente donde nunca trabajé ni estuve adscrito, y así consta en el Expediente del extinto Tribunal de la Carrera Administrativa, y en el Tribunal Superior Segundo de Transición, donde se observan presuntas irregularidades en la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de aquella época. Presumo mucho rencor hacia mi persona, debido a que en parte les trunqué “ingresos” que sustraían permanentemente al Estado venezolano, tal como se puede notar en algunas de mis denuncias, cuyas referencias están en el Expediente Nº AP42R-2002-001126 de la Corte Segunda.

Ahora bien, Honorable Juez, por una parte, uno de mis abogados, el Dr. Luís Felipe Maita, identificado en autos, como ya señalé falleció aproximadamente en Diciembre de 2006; no pude notificarlo al Tribunal porque se me hizo imposible localizar copia certificada de su Acta de Defunción; por otra parte, el otro abogado, también identificado en autos, Dr. Douglas Felipe Olivares, tengo entendido que por situación económica, se domicilió en la ciudad de Miami, Estados Unidos, hace cierto tiempo, ambos fueron abogados cumplidores de sus mandatos. Obvio que el Dr. Luís Felipe Maita sabía los lapsos, presumo se dio por notificado y apeló en tiempo oportuno, caso contrario, algo pasó en el Expediente, o bien, del Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, o bien, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, cuando supuestamente funcionarios de la Alcaldía Mayor, destacados en la Alcaldía de Caracas, extrajeron mi expediente. El actual Director de Recursos Humanos es un Comisario de la Policía Metropolitana. Su esposa, era mi jefe como Gerente de Recaudación del SUMAT. Como Gerente de Administración del SUMAT es la Lic. Maida Vivas Vivas, presunta hermana de Norberto Vivas Vivas, quien me inició expediente en el extinto Ministerio de Hacienda (hoy Finanzas), que concluyó con mi destitución irregular y no procesó mis informes de reparo por más de Bs. 132 mil millones, al cambio de Bs 4,30 por Dólar, para aquella época. Por el daño causado tengo expresa reserva.

Estimo que, este largo proceso judicial afecta mis legítimos derechos garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes. Todo empezó, sin mi persona haber dado causa legítima, hace más de veinte y cinco (25) años atrás, cuando estaba vigente la Constitución de 1961 y continuó con la vigencia de la Constitución de 1999. Considero que mis legítimos derechos laborales, que forman parte de mis derechos humanos, no han prescrito y no los voy a renunciar jamás. El Estado garantiza a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, de los DERECHOS HUMANOS. Su garantía es obligatoria para los órganos del Poder Público Nacional, de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y por las leyes. Considero que mis derechos humanos y los de mi familia están siendo conculcados desde hace más de veinticinco (25) años; tanta perversión me continúa causando daños y perjuicios, así lo hago constar en este expediente judicial, con la expresa reserva.
Mis condiciones físicas ahora son muy limitadas, por estar operado del corazón con 3 “bypass”, presumo en base a todos esos daños, que incluyen, la muerte de mi madre al enterarse de noticia por prensa sobre mi persona, y la muerte de mi sobrino Larry Alberto Sánchez Porras, Sub-Inspector del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (hoy: CICPC), se dijo, cuando investigaba cuestiones sobre corrupción administrativa; todo es muy extraño, pero Juan Pablo Torres Delgado supongo es hijo de Torres Agudo, ex Director de la PTJ. Primero fue Síndico del Municipio Libertador del Distrito Capital; luego como no logró ser el Fiscal General de la República, entonces consigió el cargo de Cónsul de Venezuela en Nueva York; luego cuando empiezan las denuncias de fraudes contra la República y los Municipios, entonces es colocado nuevamente en tal cargo de Síndico hasta la presente fecha. Cuando ocurre mi destrucción presumo fueron Directores de PTJ: Torres Agudo, Yanes Pasarela y Jordán Petit. Cuando éste último, fue cuando asesinaron a mi sobrino Larry Alberto Sánchez Porras, Sub Inspector de la PTJ; Petit me dijo: "Tú estás diciendo que nosotros lo matamos?". Yo le respondí que eran los periodistas que estaban en la Planta Baja. Yo ni siquiera había sospechado nada. Luego empecé a investigar; la Prensa dijo que murió en el Hospital Militar. Allí me dijeron que era mentira, porque allí nunca lo llevaron. Lo demás debe estar en el Expediente.

Solicito

Ante todo ello ratifico mi solicitud, a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de lo siguiente:

1) Ordene inmediatamente dejar sin efecto la Resolución de mi irregular Jubilación, porque no se ajustó al debido proceso.
2) Ordene mi inmediata reincorporación a la Administración Municipal a mi legítimo cargo de “Auditor III”, tal como consta en sentencias judiciales y administrativas, pero no acatadas, y el pago inmediato de mi sueldo caído, integral o mixto, de Bs. 2.292.387,05, causado y suspendido desde Diciembre de 1986, con intereses y corrección monetaria, hasta la definitiva.
3) Ordene mi inmediata Jubilación, de acuerdo a la norma vigente y admitida por la administración municipal en el momento que la solicité; asimismo se ajuste inmediatamente la misma al cargo de “Auditor III”, de acuerdo a mi sueldo integral o mixto causado y suspendido de Diciembre de 1986, con la respectiva corrección monetaria.
4) Ordene se liquiden inmediatamente mis “Prestaciones Sociales” de acuerdo a tal cargo de “Auditor III” y sueldo integral o mixto causado y suspendido de Diciembre de 1986, con intereses y corrección monetaria.

Caracas, a la fecha de presentación.

En reserva para continuar narrando hechos que surgan:

Por ejemplo, los hechos narrados en la comunicación recibida en la Dirección de Secretaría General de la Fiscalía General de la República, el día 25-01-2008 bajo el Nº 5098054, ya trascrita al comienzo de este escrito. Por cuanto ese hecho no pudo concretarse, solo por la gracia de Dios-Padre, y como esa amenaza la pueden concretar mediante otros relacionados con el referido “Grupo CETA”, no muy oculto en la Alcaldía de Caracas, pues me veo obligado a ejercer la acción en reserva, ya que nadie me puede dar ni garantizar protección alguna. QUE DIOS-PADRE me los bendiga a todos y no permita desgracia alguna. Con expresa reserva.