(ANEXO)

Ciudadana Magistrada:
Dra. Ana Cecilia Zulueta Rodríguez.
Presidenta de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
Su Despacho.-

Caso: Expediente: Nº AP42-R-2002-001126

Yo, Lic. Néstor Rondón Duarte, ciudadano venezolano, mayor de edad, casado, Administrador Comercial, titular de la cédula de identidad Nº 1.579.243, de este domicilio, con el debido respeto suministro a ese Honorable Tribunal un resumen de mi expediente Nº AP42-R-2002-001126, en el cual he insertado algunas cuestiones, solo para conocimiento y comprensión, que han sucedido por el tiempo y circunstancias, pero que en nada debe afectar lo alegado y probado en autos:

(Observe adelante: CAMBIO O DESAPARICIÓN DE INSTITUCIONES para tapar cosas)

Sentencia del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 11 de julio de 1991. Expediente 14.761:

(Folio 1.-) “Se inició la presente averiguación sumarial en fecha dieciséis de diciembre de 1986, por ante la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en virtud del acta policial suscrita por el sub-inspector ENDER MARQUEZ, adscrito a la Zona Policial número (¿) de la Policía Metropolitana, cursante al folio 2 de la primera pieza del presente expediente, quien entre otras cosas dejó constancia de lo siguiente: “Encontrándome de servicio … cuando me desplazaba por las adyacencias de la Dirección de Liquidación y Rentas de la Gobernación del Distrito Federal, a eso de las 15:45 de la presente fecha practiqué la aprehensión del ciudadano NÉSTOR RONDÓN DUARTE, de 43 años de edad, portador de la Cédula de Identidad número 1.579.243. CAUSA: aprehendido por una averiguación que le adelanta la Gobernación del Distrito Federal, por estar presuntamente incurso en la comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público …,” Acta Policial de fecha 10 de diciembre de 1986.-

(Folio 11.-) Las aseveraciones testificales que se indican, vienen a dar un viso de legalidad a la auditoria presentada por el sindicado, con resultados de eficiencia y objetividad al determinar el reparo existente por la suma de dinero anteriormente indicada; y en el supuesto negado de que tales apreciaciones no estuviesen ajustadas a la realidad de los hechos o que a criterio de la parte pasiva fuere otra la situación, ello escapa a un acto de licitud y simplemente podría tratarse de distintas apreciaciones de hecho de distinta adecuación a la normativa, que bien podría resolverse mediante las apelaciones que a tales actos prevee la ley, pero de ninguna manera tal actividad que está dentro del ámbito de sus atribuciones por el simple hecho de que se disiente de las mismas pueden considerarse como ilícitas, pues las mismas corresponden a su libre y soberana apreciación de los hechos o a su particular manera de enfocar el problema e imponer la solución que creyó conveniente en el ejercicio de sus funciones para lo cual estaba debidamente autorizado en función del nombramiento que tenía para la época y el ejercicio que le imponía su cargo.

En tal sentido, este Juzgador encuentra que no existe por parte del ciudadano NÉSTOR RONDÓN DUARTE una conducta DOLOSA que lo incrimine en hechos de corrupción alguna y por tanto, llega a la forzosa conclusión que debe TERMINARSE LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIA por no revertir los hechos carácter Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2º del Código de Enjuiciamiento Criminal. Y ASÍ SE DECLARA.”

Aclaro:
Fui funcionario del entonces Ministerio de Hacienda. En 1981 me asignaron una “Orden de Auditoria” para revisar una exconcesionaria petrolera. Detecté e informé sobre derechos ocultos pertenecientes a la República de Venezuela por el orden de Bs. 132.000 millones, al cambio de Bs. 4,30 por Dólar, que mediante fraudes continuados por las exconcesionarias, y utilidades ocultas en PDVSA, fueron evitados al Tesoro Nacional, y que el Director de Renta Interna Norberto Vivas Vivas, para aquel entonces, de dicho Ministerio, no procesó la información como lo indicaba la Ley, a pesar de haber un pronunciamiento de un funcionario competente que dio toda la razón. Mediante procedimiento administrativo viciado, que Norberto Vivas Vivas me inició, fui destituido del cargo por el Director General de Rentas LÓPEZ ACOSTA. En expediente consta que me negué a recibir un “traslado” de la Administración General del Impuesto sobre la Renta para Tesorería Nacional. No acepté tal traslado porque nunca estuve adscrito a tal Administración General del Impuesto sobre la Renta. Para ese entonces estaba adscrito a la Dirección de Control Fiscal de Minas e Hidrocarburos, División de Fiscalización, a quienes les entregué el cargo y señalaron en Acta: “Se hace constar que no dejó pendiente ninguna responsabilidad Administrativa durante el ejercicio de sus funciones” (Folio 54 del expediente 3.408 del Tribunal de la Carrera Administrativa).
En el proceso judicial manipularon el expediente, desaparecieron “acto fundamental”. Uno de los implicados, Dr. Román José Duque Corredor, en los fraudes petroleros detectados por mi, apoderado de la Compañía Shell de Venezuela Ltd. (donde Alberto Quiroz Corradi es uno de sus accionistas, y ahora Shell tiene supuesto domicilio en Maracaibo), para ese entonces, luego lo ubican como Juez en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (donde estaba su amigo Pedro Miguel Reyes. También yo había observado que Pedro Mantellini Gonzalez era abogado de Creole y sin renunciar poder era el Fiscal General de la República. Las acciones de esta Shell y esta Creole no tenían valor, no hubo inversión inicial, eran “Empresas Fantasmas”), y emiten sentencia en mi contra, “SIN LUGAR”, en fecha veintidós (22) de septiembre de 1986, Expediente Nº 83-3042, del cual tengo copia reciente certificada por Tribunal Superior Segundo de Transición, donde se desempeñaba como Secretario el Abogado Rafael A. Delce Zabala (quien luego hizo desastre en foliatura de tal expediente). La denuncia por ante la autoridad competente (fue recibida en la Dirección General de Rentas -hoy SENIAT- del Ministerio de Hacienda el 26-08-1983 bajo el No. 05030) la inscribí ese mismo día como obra literaria por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal con el nombre de “El Gran Fraude Petrolero” (no me la permiten ver, Registro ubicado en Centro Comercial Parque Carabobo, inscrita el 26-08-1983, bajo el No. 4, Protocolo 3, Tomo 7, ejemplar de la obra quedó archivado bajo el No. 917; solo el señor Marcos sabe dónde está), e hice expresa reserva por los DAÑOS CAUSADOS, que todavía no he reclamado, porque la ejecución de la sentencia estaba en proceso hasta el 20 de marzo de 2006 cuando dicho Tribunal Superior Segundo de Transición Decreta la Ejecución Voluntaria, que luego el 03 de mayo de 2006 declaró terminada tal causa (ahora para que se entienda trascribo resumen al final de este escrito, no está en el expediente de la Corte Segunda). Pues bien, casi tres (3) meses después de tal fecha (22-09-1986) comienza mi destrucción en la Gobernación del Distrito Federal, exactamente el 10-12-1986. Se presume que allí nació una conexión oculta entre funcionarios de tal Ministerio (hoy Finanzas) y el Municipio Libertador que aun persiste para causarme todo daño posible. Termino la necesaria aclaratoria solo para entendimiento, y continúo: